Archive for the ‘Actualidad’ Category

Rubalcaba defiende la puerta giratoria

21 diciembre, 2013

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudió ayer a un programa de televisión en el que Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política, le recriminó la presencia de miembros de gobiernos socialistas en los consejos de administración de las empresas eléctricas. Rubalcaba no dudo en defender la puerta giratoria:

“Yo no creo que sea incompatible militar en el Partido Socialista y estar en un alto puesto en un consejo de administración[…]La gente deja la política, pasan dos años de incompatibilidad y a partir de ahí se colocan donde pueden.”

Además, Rubalcaba se mostró en contra de la nacionalización del sector eléctrico:

“No creo que la solución de la luz sea nacionalizar las empresas eléctricas, son soluciones de otros países, de otro modelo, no estoy de acuerdo con ese modelo, se trata de aplicar la competencia, creo firmemente que tiene que haber competencia en el sector eléctrico.”

“Creo que es mejor que haya un sector eléctrico privado, que haya reglas que garanticen la competencia y por lo tanto que beneficien a los ciudadanos[…]La competencia garantiza que los ciudadanos tienen mejores servicios y la máxima transparencia, eso también es ser socialista.”

Estas frases perfectamente podrían haberlas pronunciado personas como Esperanza Aguirre o José María Aznar, quien liberalizó el sector de la energía en España en 1997. Efectivamente, aunque Rubalcaba parece no acordarse, cuando  formaba parte del Gobierno de Felipe González, el Estado español controlaba el sector eléctrico.

El argumento defendido por Rubalcaba, de que la competencia garantiza que los ciudadanos tienen mejores servicios, es el mismo razonamiento que aplica el PP para defender las privatizaciones de servicios básicos como la sanidad.

Las palabras de Rubalcaba reflejan la conversión ideológica que llevó a buena parte de la socialdemocracia europea, a aceptar, a través de la tercera vía, el dogma neoliberal que ha dominado la política económica durante las últimas décadas. Algo que ha hecho que, a día de hoy, sea muy difícil distinguir la política económica del PP y del PSOE.

Pese a que la desregulación de los mercados financieros tiene mucho que ver con la crisis actual, el PSOE no ha cambiado de postura. Sigue sobre la senda que llevó a Zapatero a someterse a los mercados y al partido a perder la confianza de la mayor parte del electorado de izquierdas.  De ahí la falta de ilusión y las pobres estimaciones electorales que, a pesar del desastroso Gobierno de Rajoy, continúa cosechando la actual dirección del Partido Socialista Obrero Español.

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La violencia como forma de gobierno

19 diciembre, 2013

El Gobierno ha decidido comprar un camión con cañón de agua para “garantizar la seguridad ciudadana” por el módico precio de 493.680 euros. “El tipo de vehículo ideal para acometer el control de masas”, según el Ministerio de Interior. Un gasto totalmente superfluo que se produce cuando salen a la luz noticias de personas que ponen su vida en peligro por comer comida de los contenedores.

Medidas como ésta o la ley mordaza del ministro Fernández Díaz, que lo único que persigue es criminalizar la protesta y proteger a la oligarquía dominante, forman parte de la estrategia del PP para amedrentar a las voces discordantes de la ciudadanía. Desde su llegada al poder, el Gobierno ha establecido de forma sistemática el endurecimiento de las penas y la imposición de multas desorbitadas contra todo el que se atreva a levantar la voz.

Estamos ante una muestra de lo que es terrorismo de Estado, gobernar a base de violencia y miedo. Intentan engañar a la gente distorsionando el lenguaje, lo llaman seguridad ciudadana cuando en realidad significa proteger sus propios intereses a costa de los del resto de ciudadanos, incluso poniendo en riesgo la integridad física de la población.

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Al mismo tiempo que se malgasta el dinero en aparatos de represión, Mariano Rajoy tiene la desfachatez de viajar (a costa del erario público) al funeral de Nelson Mandela, cuando persigue y castiga a los que, como hizo el ex presidente sudafricano, denuncian un sistema que excluye a parte de la población (el porcentaje de españoles por debajo del umbral de la pobreza es del 20,7%) de sus derechos más elementales como ciudadanos.

Tal y como reconoce Interior, el control de las masas es el objetivo que busca la derecha para realizar sus políticas regresivas mientras mantiene a la población en un estado constante de alienación, ya sea mediante la constante manipulación informativa de periodistas serviles, mediante edulcorantes como el fútbol, la religión o la telebasura o, por si no basta con lo anterior, mediante el miedo a la represión física o económica.

Por eso, no es de extrañar que, mientras nos dicen que no hay dinero para cubrir las necesidades básicas de la población, el Estado dedique ingentes cantidades de dinero a instrumentos represivos, a medios de comunicación afines, a la Iglesia o a eventos deportivos. De ahí la advertencia de la Comisión Europea por las ayudas ilegales a los equipos de fútbol españoles, que reciben fondos públicos para hacer fichajes multimillonarios mientras mantienen deudas con Hacienda que nadie les reclama.

Todo mientras el Ejecutivo permite continuas subidas del recibo de la luz por parte de empresas eléctricas con millones de euros de beneficios, las mismas que contratan, a saber a cambio de qué favores, a ex presidentes y ex ministros, como José María Aznar, Felipe González o Elena Salgado.

Es intolerable el abuso de la violencia por parte del Gobierno del PP, un Ejecutivo que ha llegado al poder mediante estafa electoral e intenta suplir su falta de legitimidad mediante la represión continua de la ciudadanía, sirviéndose de los fondos públicos para ello.

“Jaque al rey”

28 septiembre, 2013

Hoy se celebra una gran manifestación en Madrid denominada “Jaque al rey”. La marcha, organizada por la Coordinadora 25S, finalizará con una concentración frente al Palacio Real.

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En su manifiesto, los organizadores exigen “la abolición de la monarquía, una institución arcaica, clasista y antidemocrática; una institución impuesta por deseo expreso del dictador Francisco Franco”.

Como es costumbre, el Estado ha puesto en marcha sus acciones represivas contra la libertad expresión. El Gobierno ha invitado a irse a seis observadores de la OSCE que pretendían  evaluar el derecho de reunión y manifestación en nuestro país con motivo del “Jaque al rey”.

Además, la policía ya ha desplazado a unos 1.400 antidisturbios para cubrir la jornada y ha registrado varios autobuses de participantes.Todo para proteger a una institución  corrupta que sólo representa a las clases privilegiadas de este país.

Por mucho que le pese al establishment de este país, la ciudadanía ya no soporta privilegios de ningún tipo. La monarquía es antidemocrática e ilegítima por definición, y como tal tiene que acabar para dar paso a una república democrática que devuelva el poder a los ciudadanos.

Los miserables

8 agosto, 2013

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se ha atrevido a  decir que la responsabilidad de que los niños pasen hambre es de sus padres. Este señor debe ignorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en los Estados la obligación de proporcionar a la población las condiciones materiales mínimas para su subsistencia. La culpa de que la tasa de pobreza en España sea del 21,8% (de las más altas de la Unión Europea) es del Gobierno que permite esta situación.

Lo que demuestran las chulescas declaraciones de Hernando es que el PP ha alcanzado un nivel de desfachatez sin igual, sus integrantes ya ni siquiera disimulan su desprecio a la ciudadanía. Al contrario, estos patriotas de pacotilla que usan a Gibraltar para desviar la atención de la corrupción en la que viven, hacen gala de su soberbia y su cinismo sin ningún reparo para reírse de la democracia y del pueblo español.

Estos miserables se llenan los bolsillos de dinero público mientras favorecen los intereses de la minoría más poderosa y promueven la precariedad más absoluta en el resto de la población. Es un crimen que millones de parados  no reciban ninguna prestación y se regalen millones de euros a la banca y a fabricantes de armamento. Sin ir más lejos, en las últimas semanas el FROB ha dado por perdidos 36.000 millones de euros. Para que luego digan que no hay dinero para los desempleados, para educación y para sanidad.

Los liberales del PP nos quieren hacer creer que el Estado no tiene ninguna responsabilidad con la población, sin embargo, se sirven de los recursos públicos para enriquecerse y establecerse en las instituciones de forma permanente con la complicidad de sus medios de comunicación, que criminalizan a los que denuncian  la injusticia social en la que vivimos, casos como el 15-M, la PAH o el SAT, ejemplos de lucha popular por el bien de los más desfavorecidos que deberían ser referentes morales en nuestro país. Sin embargo, el egoísmo y el individualismo son los valores supremos de la derecha, cualquiera que se salga de su guión establecido es ETA.

Desgraciadamente, a día de hoy, los que mandan en España con un poder absoluto, sin rendición de cuentas ante la ciudadanía, son los inmorales, los que engañan en las campañas electorales, los que cobran sobresueldos de dinero público (de justicia según ellos), los que se mandan SMS de apoyo con evasores fiscales o los que cobran dietas de alojamiento de 1.823 euros mensuales pese a tener viviendas en propiedad en Madrid, como el propio Hernando.

El gobierno de los miserables tiene que acabar y el poder tiene que cambiar de bando. Eso sí es de justicia.

Policías al servicio de la mafia

20 julio, 2013

El 18 de julio  miles de ciudadanos de todo el país se reunieron ante las sedes del Partido Popular en una jornada denominada “barbacoa destituyente”. Un nombre simbólico para protestar contra la ola de corrupción que inunda al PP.

Uno de los hashtags con que se siguieron las manifestaciones en Twitter fue #QueSeVayaLaMafia. Desgraciadamente, no parece que estén muy por la labor de irse. En lugar de eso, optaron, una vez más, por poner las fuerzas de seguridad, pagadas por todos los ciudadanos, al servicio de la minoría corrupta que gobierna España como si fuera su cortijo particular.

La policía tuvo una actitud violenta, con golpes e identificaciones arbitrarias incluso a periodistas, todo con el objetivo de intimidar a los ciudadanos que salieron a las calles para defender los intereses de la mayoría de la sociedad.

La casta del PP se aferra al poder por encima de todo. Como vemos en las imágenes, no duda en utilizar a los antidisturbios como su cuerpo de seguridad privado.

Por una renta básica

26 junio, 2013

El artículo 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice así:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

¿Se cumple esto en nuestro país? Es evidente que no. En España hay más de 2 millones de parados que no reciben ninguna prestación del Estado, lo que provoca unos niveles de miseria alarmantes: el 21,8% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Todo un crimen contra la dignidad de las personas.

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Estamos ante una violación flagrante de los derechos humanos que, sorprendentemente, pasa desapercibida en los medios de comunicación mientras se dedican horas de cobertura y debates a asuntos banales o sensacionalistas, como el análisis pormenorizado de cada gesto del juicio a José Bretón.

La realidad es que en España, a diferencia de otros países europeos con mayor nivel de protección social, se trata a los desempleados como ciudadanos de segunda, sin una cobertura mínima de subsistencia, quedando a merced de la mendicidad salvo que la generosidad de familiares u organizaciones benéficas lo impidan.

Pero la caridad y la beneficencia, por muy loable que sean, no son la solución. Tal y como recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución, tener una vida digna es un derecho inquebrantable de cualquier ser humano, y conseguirlo pasa por una renta básica.

No se puede permitir que millones de ciudadanos queden excluidos de sus derechos por el mero hecho de no cumplir una serie de requisitos, decididos de forma arbitraria por la casta política, para recibir un subsidio. ¿Cómo puede una persona cubrir sus necesidades básicas sin recibir ningún tipo de ingreso?

Parece complicado que los millonarios dirigentes del PP, los que piden sacrificios mientras cobran varios sueldos públicos, vayan a actuar en defensa de la población, por lo que tendrá que ser la ciudadanía la que se movilice y consiga crear un debate público sobre este tema. Aunque suene difícil, la PAH o el 15-M han demostrado que se puede cambiar la mentalidad de la gente con la movilización popular.

En este sentido, ya se han puesto en marcha acciones como la iniciativa ciudadana europea por una renta básica universal, aceptada a trámite por la Comisión Europea, que recoge firmas vía internet. A nivel nacional, el Campamento Dignidad de Extremadura y el Frente Cívico Somos Mayoría han convocado una reunión el 1 de julio en Madrid para tratar la propuesta para una ILP de ámbito estatal por la renta básica de ciudadanía.

No nos queda más remedio que luchar por nuestros derechos, algo tan elemental como el derecho a una vida digna. No es una utopía, es algo de sentido común. No se puede permitir que se dediquen cantidades ingentes de fondos públicos a la banca, la monarquía o el ejército y al mismo tiempo se condene a la pobreza y a la exclusión social a millones de ciudadanos.

Por los derechos fundamentales del ser humano y en defensa de la dignidad:

¡Renta básica ya!

Represión para tapar los desahucios

12 abril, 2013

El Colegio de Registradores de España ha cifrado el número de desahucios de primera vivienda en 2012 en 30.034, es decir, uno  cada 15 minutos. Sin embargo, la principal preocupación para el PP y sus medios de manipulación son los escraches.

El Gobierno ha comunicado su decisión de multar a los participantes identificados en las protestas junto a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría. Un ejemplo de represión arbitraria para escarmentar a la población que lucha por sus derechos, por muy apurada que sea su situación económica por culpa de las políticas neoliberales que han sumido al país en un clima de miseria.

La criminalización de las protestas es una campaña de humo con el único objetivo de desviar la atención de la raíz del problema, la violación de los derechos humanos que supone privar a la gente de su vivienda (derecho recogido en la Constitución). En cambio se discute si es legítimo o no que la ciudadanía defienda su dignidad frente a las casas de los políticos.

Aunque el PP haya movilizado a todo su arsenal mediático contra los escraches, el asunto importante es que mientras Andalucía ha anunciado que expropiará las viviendas de los desahucios, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tumbado la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH para la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, impidiendo que se frene el abuso de la banca que hace que miles de familias estén en la calle.

A pesar de todo el sufrimiento que la legislación hipotecaria española (declarada ilegal por la Unión Europea) ha causado, el PP se sirve de la manipulación y la represión contra los más desfavorecidos y todos los que se solidaricen con ellos, usando a la Policía Nacional como guardaespaldas a su servicio. Todo para favorecer a una banca que ha provocado una situación de emergencia social por su codicia e  irresponsabilidad.

Mensaje de la PAH a los votantes del PP

5 abril, 2013

A la caza del juez Castro

5 abril, 2013

El juez José Castro se ha atrevido a imputar a la infanta Cristina, algo que no se puede tolerar en un país en el que la monarquía parece intocable por muy corrupta sea. Por eso, la maquinaria político-mediática conservadora ha iniciado una campaña de desprestigio contra el magistrado.

La Casa Real ha criticado abiertamente la imputación, pisoteando la supuesta independencia de la monarquía respecto a los poderes del Estado.

Los ataques a la independencia judicial vienen también del PP, que ha calificado a Castro como “juez estrella” con el fin de descalificar su actuación, algo comprensible ya que los principales emisores de dinero público a Iñaki Urdangarin fueron la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares (gobernadas por los populares).

Como siempre, para sostener los intereses de la oligarquía poderosa están los medios de comunicación de turno. No hay más que ver las críticas al juez Castro de las portadas de los “prestigiosos” periódicos La Razón y ABC.

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Una vez más ambos diarios son meros títeres de la ejemplar monarquía española (la misma de la que no sabemos todavía si ha regularizado la herencia de Juan de Borbón o continúa en Suiza).

También está la versión más light de defensa de la monarquía, la que intenta salvarla vendiendo al príncipe Felipe como un gran hombre de Estado (ahora va a resultar que escribe sus propios discursos…), vamos que con él la monarquía molaría mucho más. Es el caso de El País y El Mundo.

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Es evidente que, por mucho que la ciudadanía o algunos jueces lo quieran, la justicia no es igual para todos. Un ejemplo de ello es el recurso del fiscal anticorrupción de Baleares a la imputación de la infanta Cristina, a pesar de los 14 indicios que Castro señala en su auto, algo verdaderamente insólito.

La monarquía continúa gozando de privilegios y de poderes injustificables en una sociedad democrática. No se puede permitir que un Gobierno, como el de Mariano Rajoy (supuestamente soberano), tenga que negociar con la Casa Real su inclusión y los términos de la misma en la ley de transparencia.

Es inconcebible para la ciudadanía que haya una institución por encima del resto, es una situación antidemocrática amparada por PP y PSOE durante los últimos 35 años que hace necesario un referéndum para que el pueblo español acabe por fin con la monarquía y  emprenda un proceso constituyente hacia una república social y democrática.

Dosis de realidad de Ada Colau en el Congreso

6 febrero, 2013

Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), compareció en el Congreso de los Diputados para denunciar el drama de los desahucios en España, una realidad que desgraciadamente no está en el debate de los grandes medios de comunicación, a pesar del enorme sufrimiento que  supone para millones de personas en este país.

Su intervención es toda una lección para la maquinaria mediática que difunde el pensamiento único promovido por la banca de que los desahucios son algo inevitable y, sobre todo, para PP y PSOE, que han mirado para otro lado ante una situación escándalosa y han tumbado todas las propuestas para acabar con el problema.

Por desgracia, las perspectivas no son buenas, pues el PP no admitirá a trámite la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH para acabar con la injusticia que supone privar del derecho a la vivienda a millones de españoles.