Posts Tagged ‘Jorge Fernández Díaz’

A Dios rogando…

1 marzo, 2014

Hace unas semanas, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostraba convencido de que “Santa Teresa de Jesús intercede por España en estos tiempos recios para nuestra patria”. Poco después, los antidisturbios a sus órdenes agredieron a un grupo pacífico de manifestantes en Valladolid, provocando un ictus a una mujer. Por si esto no fuera lo suficientemente grave, todo parece indicar que la Guardia Civil ha empujado a la muerte a un grupo de subsaharianos que se disponían a pasar a Ceuta a nado desde Marruecos al disparar pelotas de goma cuando estaban en el agua, algo que el mismo director general de la Benemérita calificó como inhumano cuando negaba que dicha actuación se hubiera producido. Nadie ha dimitido por estos actos ni por las constantes mentiras que se han utilizado para taparlos.

jorgefernandezdiaz
Estos hechos, que prácticamente pasan desapercibidos para los medios de comunicación que tanto dicen defender el derecho a la vida, forman parte de la política habitual del Ministerio, consistente en la violación sistemática de los derechos humanos. Por desgracia, a Fernández Díaz, su fervor religioso no le impide usar la violencia con total impunidad para reprimir las protestas de la ciudadanía o para desahuciar a la gente. Por no olvidar su defensa de las cuchillas en Melilla. Debe ser que para los pobres o los inmigrantes no hay caridad cristiana, o que su vida no vale tanto como la de los embriones.

Fernández Díaz no es un caso aislado, el Gobierno del PP encarna una especie de neonacionalcatolicismo, con varios ministros muy próximos al Opus Dei que dan la espalda a los más desfavorecidos para proteger a los poderosos. Es la hipocresía de los que presumen de defender los valores del cristianismo pero son totalmente insensibles a la pobreza y al sufrimiento ajeno. Se trata de un grupo de millonarios que usan la religión para tratar de legitimarse y mantener su posición de privilegio, para lo cual no dudan en imponer la moral fundamentalista que promueve la jerarquía de la Conferencia Episcopal (igual de alejada de los problemas de la gente) al resto de la sociedad. La reforma de la ley del aborto es el mejor ejemplo de ello.

Aunque la derecha, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación de la Iglesia, se intenta apropiar del voto cristiano, hay muchos miembros del clero, por desgracia los menos poderosos, que están del lado de la gente común y denuncian los crímenes que produce el sistema económico que sufrimos, así como muchos cristianos de base que desprecian las políticas antisociales del PP. Incluso el Papa Francisco ha denunciado públicamente los excesos del neoliberalismo que aplica el Ejecutivo de Rajoy: “Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata”.

A pesar de ello, los mismos que defienden el capitalismo salvaje y violan los derechos fundamentales de la ciudadanía mientras cobran unos sueldos, en blanco o en negro, muy por encima de la media de los españoles, son los que presumen de defender la moral católica. No parece que recortar en sanidad y educación, gastar millones de euros en armamento, bajar los impuestos a las grandes fortunas, subir el transporte público y las tasas universitarias o multar a los mendigos por buscar comida en la basura sean medidas muy cristianas.

Desde luego, pocas cosas hay más indignantes que escuchar a un político encomendarse a lo sobrenatural para resolver los problemas de los ciudadanos. Además de Fernández Díaz con Santa Teresa, otro ejemplo lo vivimos con Fátima Báñez, que confió a la virgen del Rocío la salida de la crisis. Como si el empleo fuera a caer del cielo por inspiración divina. Con gobernantes así, en España parece que no queda otra que esperar un milagro para que mejore la vida de la gente, al menos en lo que queda de legislatura.

La violencia como forma de gobierno

19 diciembre, 2013

El Gobierno ha decidido comprar un camión con cañón de agua para “garantizar la seguridad ciudadana” por el módico precio de 493.680 euros. “El tipo de vehículo ideal para acometer el control de masas”, según el Ministerio de Interior. Un gasto totalmente superfluo que se produce cuando salen a la luz noticias de personas que ponen su vida en peligro por comer comida de los contenedores.

Medidas como ésta o la ley mordaza del ministro Fernández Díaz, que lo único que persigue es criminalizar la protesta y proteger a la oligarquía dominante, forman parte de la estrategia del PP para amedrentar a las voces discordantes de la ciudadanía. Desde su llegada al poder, el Gobierno ha establecido de forma sistemática el endurecimiento de las penas y la imposición de multas desorbitadas contra todo el que se atreva a levantar la voz.

Estamos ante una muestra de lo que es terrorismo de Estado, gobernar a base de violencia y miedo. Intentan engañar a la gente distorsionando el lenguaje, lo llaman seguridad ciudadana cuando en realidad significa proteger sus propios intereses a costa de los del resto de ciudadanos, incluso poniendo en riesgo la integridad física de la población.

violenciacomoformadegobierno

Al mismo tiempo que se malgasta el dinero en aparatos de represión, Mariano Rajoy tiene la desfachatez de viajar (a costa del erario público) al funeral de Nelson Mandela, cuando persigue y castiga a los que, como hizo el ex presidente sudafricano, denuncian un sistema que excluye a parte de la población (el porcentaje de españoles por debajo del umbral de la pobreza es del 20,7%) de sus derechos más elementales como ciudadanos.

Tal y como reconoce Interior, el control de las masas es el objetivo que busca la derecha para realizar sus políticas regresivas mientras mantiene a la población en un estado constante de alienación, ya sea mediante la constante manipulación informativa de periodistas serviles, mediante edulcorantes como el fútbol, la religión o la telebasura o, por si no basta con lo anterior, mediante el miedo a la represión física o económica.

Por eso, no es de extrañar que, mientras nos dicen que no hay dinero para cubrir las necesidades básicas de la población, el Estado dedique ingentes cantidades de dinero a instrumentos represivos, a medios de comunicación afines, a la Iglesia o a eventos deportivos. De ahí la advertencia de la Comisión Europea por las ayudas ilegales a los equipos de fútbol españoles, que reciben fondos públicos para hacer fichajes multimillonarios mientras mantienen deudas con Hacienda que nadie les reclama.

Todo mientras el Ejecutivo permite continuas subidas del recibo de la luz por parte de empresas eléctricas con millones de euros de beneficios, las mismas que contratan, a saber a cambio de qué favores, a ex presidentes y ex ministros, como José María Aznar, Felipe González o Elena Salgado.

Es intolerable el abuso de la violencia por parte del Gobierno del PP, un Ejecutivo que ha llegado al poder mediante estafa electoral e intenta suplir su falta de legitimidad mediante la represión continua de la ciudadanía, sirviéndose de los fondos públicos para ello.

Terror policial contra el 25-S

26 septiembre, 2012

El Estado represor bajo el que se protege el Gobierno quedó en evidencia en la manifestación del 25-S en torno al Congreso de los diputados. Las imágenes de brutalidad  policial contra los ciudadanos han dado la vuelta al mundo. Curiosamente, y no es casual, los medios extranjeros han dado más importancia a la gravedad de las agresiones que los medios nacionales.

En su afán por difundir el terror, los antidisturbios llegaron incluso a sembrar el caos en la madrileña estación de Atocha. Viajeros y periodistas no escaparon a la ola de violencia de los mercenarios del Gobierno.

La guerra sucia de la policía ha quedado al descubierto. Las imágenes de la manifestación demuestran que son agentes infiltrados los que provocan los enfrentamientos con el objetivo de criminalizar a los manifestantes.

Por supuesto, los periodistillas al servicio del poder de los medios de comunicación mayoritarios les siguen el juego sin complejos culpando a los promotores del 25-S de la violencia.

A pesar de la brutalidad de la represión, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, han defendido la actuación policial. Hay que tener poca dignidad…En sus conciencias quedan las detenciones arbitrarias y los heridos, uno de elllos grave con una lesión medular.

Por mucha violencia que ejerzan las fuerzas del orden, la ilegitimidad del Gobierno de Mariano Rajoy es un hecho que no se puede tapar. Las ganas de acabar con la tiranía y la injusticia del sistema son superiores al miedo que se pretende infundir en la sociedad.

Un régimen  que se sirve de tácticas mafiosas para someter a los españoles es incompatible con un sistema democrático pleno, en el que la ciudadanía ejerza la soberanía de hecho, no sólo en una Constitución de forma nominal.

El pueblo es el enemigo del PP

11 abril, 2012

El Gobierno sueña con una ciudadanía sumisa. Para conseguirlo ha elegido el camino de la fuerza. Pretende hacer una reforma legal  para criminalizar toda protesta cívica ajena a sus intereses. Todo un atentado contra los derechos humanos.

El PP añora un pasado teñido de grises en el que la imposición del orden era la regla básica de la sociedad. Por ello no dudan en utilizar la coacción física y penitenciaria institucional para infundir el miedo en la población. Rajoy no quiere más protestas sociales que le hagan seguir perdiendo apoyo en los sondeos.

Además de la persecución mediática y la campaña de desprestigio contra cualquier manifestante que viene haciendo la derecha de este país desde los inicios del movimiento 15M, ahora amenazan con meter en la cárcel a cualquiera que luche por sus derechos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende equiparar como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa y ¡pasiva!, y como delito de integración en organización criminal la difusión a través de Internet o las redes sociales de concentraciones que deriven en actos violentos, con una pena mínima de prisión de dos años.

En la práctica, la reforma que pretende llevar a cabo el PP supondrá la eliminación de derechos fundamentales de la ciudadanía como la libertad de expresión o de reunión. También será la legalización y la confirmación del apoyo institucional para la brutalidad policial indiscriminada.

Los hechos no hacen más que confirmar que el sistema democrático español no es más que la expresión de dominación de los poderes económicos, políticos y mediáticos sobre los intereses de la sociedad en general y de los más desfavorecidos en particular. Sólo hay que observar quién paga los platos rotos de la crisis y quién se va de rositas. Desgraciadamente el monopolio de la violencia está en manos equivocadas.