Posts Tagged ‘PP’

A Dios rogando…

1 marzo, 2014

Hace unas semanas, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostraba convencido de que “Santa Teresa de Jesús intercede por España en estos tiempos recios para nuestra patria”. Poco después, los antidisturbios a sus órdenes agredieron a un grupo pacífico de manifestantes en Valladolid, provocando un ictus a una mujer. Por si esto no fuera lo suficientemente grave, todo parece indicar que la Guardia Civil ha empujado a la muerte a un grupo de subsaharianos que se disponían a pasar a Ceuta a nado desde Marruecos al disparar pelotas de goma cuando estaban en el agua, algo que el mismo director general de la Benemérita calificó como inhumano cuando negaba que dicha actuación se hubiera producido. Nadie ha dimitido por estos actos ni por las constantes mentiras que se han utilizado para taparlos.

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Estos hechos, que prácticamente pasan desapercibidos para los medios de comunicación que tanto dicen defender el derecho a la vida, forman parte de la política habitual del Ministerio, consistente en la violación sistemática de los derechos humanos. Por desgracia, a Fernández Díaz, su fervor religioso no le impide usar la violencia con total impunidad para reprimir las protestas de la ciudadanía o para desahuciar a la gente. Por no olvidar su defensa de las cuchillas en Melilla. Debe ser que para los pobres o los inmigrantes no hay caridad cristiana, o que su vida no vale tanto como la de los embriones.

Fernández Díaz no es un caso aislado, el Gobierno del PP encarna una especie de neonacionalcatolicismo, con varios ministros muy próximos al Opus Dei que dan la espalda a los más desfavorecidos para proteger a los poderosos. Es la hipocresía de los que presumen de defender los valores del cristianismo pero son totalmente insensibles a la pobreza y al sufrimiento ajeno. Se trata de un grupo de millonarios que usan la religión para tratar de legitimarse y mantener su posición de privilegio, para lo cual no dudan en imponer la moral fundamentalista que promueve la jerarquía de la Conferencia Episcopal (igual de alejada de los problemas de la gente) al resto de la sociedad. La reforma de la ley del aborto es el mejor ejemplo de ello.

Aunque la derecha, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación de la Iglesia, se intenta apropiar del voto cristiano, hay muchos miembros del clero, por desgracia los menos poderosos, que están del lado de la gente común y denuncian los crímenes que produce el sistema económico que sufrimos, así como muchos cristianos de base que desprecian las políticas antisociales del PP. Incluso el Papa Francisco ha denunciado públicamente los excesos del neoliberalismo que aplica el Ejecutivo de Rajoy: “Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata”.

A pesar de ello, los mismos que defienden el capitalismo salvaje y violan los derechos fundamentales de la ciudadanía mientras cobran unos sueldos, en blanco o en negro, muy por encima de la media de los españoles, son los que presumen de defender la moral católica. No parece que recortar en sanidad y educación, gastar millones de euros en armamento, bajar los impuestos a las grandes fortunas, subir el transporte público y las tasas universitarias o multar a los mendigos por buscar comida en la basura sean medidas muy cristianas.

Desde luego, pocas cosas hay más indignantes que escuchar a un político encomendarse a lo sobrenatural para resolver los problemas de los ciudadanos. Además de Fernández Díaz con Santa Teresa, otro ejemplo lo vivimos con Fátima Báñez, que confió a la virgen del Rocío la salida de la crisis. Como si el empleo fuera a caer del cielo por inspiración divina. Con gobernantes así, en España parece que no queda otra que esperar un milagro para que mejore la vida de la gente, al menos en lo que queda de legislatura.

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La violencia como forma de gobierno

19 diciembre, 2013

El Gobierno ha decidido comprar un camión con cañón de agua para “garantizar la seguridad ciudadana” por el módico precio de 493.680 euros. “El tipo de vehículo ideal para acometer el control de masas”, según el Ministerio de Interior. Un gasto totalmente superfluo que se produce cuando salen a la luz noticias de personas que ponen su vida en peligro por comer comida de los contenedores.

Medidas como ésta o la ley mordaza del ministro Fernández Díaz, que lo único que persigue es criminalizar la protesta y proteger a la oligarquía dominante, forman parte de la estrategia del PP para amedrentar a las voces discordantes de la ciudadanía. Desde su llegada al poder, el Gobierno ha establecido de forma sistemática el endurecimiento de las penas y la imposición de multas desorbitadas contra todo el que se atreva a levantar la voz.

Estamos ante una muestra de lo que es terrorismo de Estado, gobernar a base de violencia y miedo. Intentan engañar a la gente distorsionando el lenguaje, lo llaman seguridad ciudadana cuando en realidad significa proteger sus propios intereses a costa de los del resto de ciudadanos, incluso poniendo en riesgo la integridad física de la población.

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Al mismo tiempo que se malgasta el dinero en aparatos de represión, Mariano Rajoy tiene la desfachatez de viajar (a costa del erario público) al funeral de Nelson Mandela, cuando persigue y castiga a los que, como hizo el ex presidente sudafricano, denuncian un sistema que excluye a parte de la población (el porcentaje de españoles por debajo del umbral de la pobreza es del 20,7%) de sus derechos más elementales como ciudadanos.

Tal y como reconoce Interior, el control de las masas es el objetivo que busca la derecha para realizar sus políticas regresivas mientras mantiene a la población en un estado constante de alienación, ya sea mediante la constante manipulación informativa de periodistas serviles, mediante edulcorantes como el fútbol, la religión o la telebasura o, por si no basta con lo anterior, mediante el miedo a la represión física o económica.

Por eso, no es de extrañar que, mientras nos dicen que no hay dinero para cubrir las necesidades básicas de la población, el Estado dedique ingentes cantidades de dinero a instrumentos represivos, a medios de comunicación afines, a la Iglesia o a eventos deportivos. De ahí la advertencia de la Comisión Europea por las ayudas ilegales a los equipos de fútbol españoles, que reciben fondos públicos para hacer fichajes multimillonarios mientras mantienen deudas con Hacienda que nadie les reclama.

Todo mientras el Ejecutivo permite continuas subidas del recibo de la luz por parte de empresas eléctricas con millones de euros de beneficios, las mismas que contratan, a saber a cambio de qué favores, a ex presidentes y ex ministros, como José María Aznar, Felipe González o Elena Salgado.

Es intolerable el abuso de la violencia por parte del Gobierno del PP, un Ejecutivo que ha llegado al poder mediante estafa electoral e intenta suplir su falta de legitimidad mediante la represión continua de la ciudadanía, sirviéndose de los fondos públicos para ello.

La nostalgia franquista del PP

15 octubre, 2013

Últimamente se han hecho públicos numerosos casos de simpatía de miembros del Partido Popular hacia el franquismo. Entre ellos encontramos a alcaldes que presumen de tener el retrato de Franco en su despacho y el Cara al Sol de tono de móvil o a  los energúmenos de Nuevas Generaciones que han posado con el brazo en alto y simbología fascista. Que se sepa, hasta el momento el PP no ha expulsado a ninguna de estas personas.

Al contrario de lo que muchos quieren transmitir no son hechos aislados. Es un secreto a voces que la ideología franquista está en las entrañas del PP. Sólo hay que irse a la hemeroteca para recordar que Alianza Popular fue fundada al grito de ¡Franco, Franco, Franco! por siete ilustres miembros del régimen, el más destacado Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo con Franco.  Entre las filas de AP también estaba Carlos Arias Navarro, el hombre que comunicó entre lágrimas  la muerte del dictador por televisión.

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Gran parte de la culpa de estos sucesos la tiene la transición. Al contrario de los falsos mitos que se han difundido sobre la misma, no fue el resultado de un consenso entre todos los españoles, sino un proceso dominado por las élites del franquismo que controlaban todos los aparatos del Estado, sin la participación de una sociedad civil acostumbrada a ser mera espectadora del devenir institucional del país.

Estas élites, con el rey a la cabeza,  jamás asumieron sus responsabilidades por su complicidad con la dictadura. Para ello contaron con la ayuda de una campaña propagandística sin igual por parte de unos medios sumisos. De hecho, Juan Carlos de Borbón ni ha pedido perdón por colaborar con el franquismo ni ha condenado al régimen hasta la fecha.

franco rey

A pesar de que España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, la derecha española se ha dedicado a justificar el golpe de Estado de 1936 y a difundir una visión negacionista de los crímenes del franquismo, incluso algunos de los actuales dirigentes del PP, como el europarlamentario Jaime Mayor Oreja, se atreven a halagarlo públicamente.

Entre las consecuencias de la no tan modélica transición, además de la prolongación del dominio económico e institucional de  las clases privilegiadas del franquismo, están el olvido y la banalización del régimen criminal por parte de muchos de los jóvenes que nacieron tras la muerte de Franco.

Casi 40 años después sigue habiendo admiradores del fascismo en España capaces de levantar el brazo con orgullo, y lo hacen con total impunidad desde el partido que gobierna el país por la permisividad de sus dirigentes. Mientras tanto, el Gobierno del PP hace oídos sordos a las críticas de la ONU y se dedica a entorpecer las investigaciones judiciales para proteger a los torturadores del franquismo.

Un partido que muestra aquiescencia hacia un régimen fascista no debería obtener apenas votos en un país democrático. Que lo haga demuestra que algo no va bien en nuestra sociedad.

Es importante conocer la historia para que no se repita. Hace falta una condena firme tanto institucional como social del franquismo, una concienciación por parte de la población de las consecuencias de una dictadura que acabó con una de las democracias más avanzadas de su tiempo y produjo uno de los periodos más negros de la historia de España, que mucho tiene que ver con el actual déficit democrático y de bienestar social que vivimos.

Los miserables

8 agosto, 2013

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se ha atrevido a  decir que la responsabilidad de que los niños pasen hambre es de sus padres. Este señor debe ignorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en los Estados la obligación de proporcionar a la población las condiciones materiales mínimas para su subsistencia. La culpa de que la tasa de pobreza en España sea del 21,8% (de las más altas de la Unión Europea) es del Gobierno que permite esta situación.

Lo que demuestran las chulescas declaraciones de Hernando es que el PP ha alcanzado un nivel de desfachatez sin igual, sus integrantes ya ni siquiera disimulan su desprecio a la ciudadanía. Al contrario, estos patriotas de pacotilla que usan a Gibraltar para desviar la atención de la corrupción en la que viven, hacen gala de su soberbia y su cinismo sin ningún reparo para reírse de la democracia y del pueblo español.

Estos miserables se llenan los bolsillos de dinero público mientras favorecen los intereses de la minoría más poderosa y promueven la precariedad más absoluta en el resto de la población. Es un crimen que millones de parados  no reciban ninguna prestación y se regalen millones de euros a la banca y a fabricantes de armamento. Sin ir más lejos, en las últimas semanas el FROB ha dado por perdidos 36.000 millones de euros. Para que luego digan que no hay dinero para los desempleados, para educación y para sanidad.

Los liberales del PP nos quieren hacer creer que el Estado no tiene ninguna responsabilidad con la población, sin embargo, se sirven de los recursos públicos para enriquecerse y establecerse en las instituciones de forma permanente con la complicidad de sus medios de comunicación, que criminalizan a los que denuncian  la injusticia social en la que vivimos, casos como el 15-M, la PAH o el SAT, ejemplos de lucha popular por el bien de los más desfavorecidos que deberían ser referentes morales en nuestro país. Sin embargo, el egoísmo y el individualismo son los valores supremos de la derecha, cualquiera que se salga de su guión establecido es ETA.

Desgraciadamente, a día de hoy, los que mandan en España con un poder absoluto, sin rendición de cuentas ante la ciudadanía, son los inmorales, los que engañan en las campañas electorales, los que cobran sobresueldos de dinero público (de justicia según ellos), los que se mandan SMS de apoyo con evasores fiscales o los que cobran dietas de alojamiento de 1.823 euros mensuales pese a tener viviendas en propiedad en Madrid, como el propio Hernando.

El gobierno de los miserables tiene que acabar y el poder tiene que cambiar de bando. Eso sí es de justicia.

Policías al servicio de la mafia

20 julio, 2013

El 18 de julio  miles de ciudadanos de todo el país se reunieron ante las sedes del Partido Popular en una jornada denominada “barbacoa destituyente”. Un nombre simbólico para protestar contra la ola de corrupción que inunda al PP.

Uno de los hashtags con que se siguieron las manifestaciones en Twitter fue #QueSeVayaLaMafia. Desgraciadamente, no parece que estén muy por la labor de irse. En lugar de eso, optaron, una vez más, por poner las fuerzas de seguridad, pagadas por todos los ciudadanos, al servicio de la minoría corrupta que gobierna España como si fuera su cortijo particular.

La policía tuvo una actitud violenta, con golpes e identificaciones arbitrarias incluso a periodistas, todo con el objetivo de intimidar a los ciudadanos que salieron a las calles para defender los intereses de la mayoría de la sociedad.

La casta del PP se aferra al poder por encima de todo. Como vemos en las imágenes, no duda en utilizar a los antidisturbios como su cuerpo de seguridad privado.

Casta de parásitos

1 mayo, 2013

España tiene 6.202.700 parados según la última EPA, con unas tres millones de personas en situación de extrema pobreza. Vivimos en el país de la Unión Europea con mayor tasa de desigualdad, sin embargo, mientras miles de familias no tienen más remedio que sobrevivir sin apenas recursos, tenemos una casta de parásitos que viven a costa del pueblo español.

La situación dramática del país no ha impedido a los príncipes irse de fiesta a la ostentosa coronación de Guillermo de Holanda, un acto importantísimo para nuestro país en el que las aristocracias del mundo se reunieron para celebrar  su supervivencia como clase privilegiada.

CENA DE GALA OFRECIDA POR LA REINA BEATRIZ DE HOLANDA

Por supuesto no sabemos el coste de la asistencia de Felipe y Letizia, para que luego intenten hacernos creer que la Casa Real quiere transparencia. Lo que sí han contado es que la princesa llevó puesta la tiara que Franco regaló a la reina Sofía, una muestra del orgullo que les produce el origen dictatorial de la restauración borbónica.

Mientras tanto el rey Juan Carlos se lo pasó en grande en el Santiago Bernabéu viendo el fútbol en el palco junto a su amigo Florentino Pérez, un español como otro cualquiera con unos cuantos millones de euros de patrimonio, requisito indispensable para contar con el apoyo del monarca.

A pesar de la corrupción de la monarquía, quizás el mayor reflejo de la putrefacción del establishment español son los sobresueldos del Partido Popular (según Carlos Floriano son simplemente sueldos, en plural).  El partido ha reconocido que compensa a sus cargos públicos con otro sueldo, es decir que cobran dos sueldos públicos porque si no, como simples parlamentarios o presidentes de comunidad autónoma ganarían muy poco.

Todo mientras el Gobierno no hace más que recortar en gasto social, condenando a la población más desfavorecida al exilio o, en los casos más extremos, al suicidio. Al fin y al cabo la austeridad y los sacrificios son para los pobres que han vivido por encima de sus posibilidades cobrando menos de 1000 euros y queriendo acceder a sanidad y educación.

En el capítulo de vividores made in Spain no pueden faltar los banqueros. La palma se la lleva Alfredo Sáenz, el consejero delegado del Banco Santander que indultó Zapatero al final de su mandato. El “bueno” de Sáenz ha dimitido antes de que lo inhabilite el Supremo por delincuente, llevándose una pensión de 88´1 millones de euros, un  buen premio para un especialista en encasquetar preferentes y desahuciar a familias.

Desgraciadamente tenemos una casta que ha abusado de su control institucional para enriquecerse a costa del pueblo. Una sociedad con una grave crisis de valores éticos ha permitido su desarrollo, que ha tenido como resultado la gran crisis política y económica que vive España.

La corrupción se ha impuesto a la justicia social, y ya es hora de que la sociedad tome conciencia del problema e invierta la ecuación. Es necesaria una rebelión ciudadana contra las cadenas impuestas por un sistema institucional elitista en el que el bipartidismo y los medios de comunicación han difundido como único discurso que la crisis es un fenómeno coyuntural, sin culpables a los que pedir cuentas.

Hace falta una ola de empoderamiento ciudadano contra la corrupción del sistema político-mediático español, un proceso que nos lleve a una democracia social y participativa en la que el pueblo fiscalice y controle la función pública con exigencia y regularidad, acabando así con la casta formada por la monarquía, los políticos y los medios de comunicación al servicio del capital y poniendo la economía al servicio del bien común.

Represión para tapar los desahucios

12 abril, 2013

El Colegio de Registradores de España ha cifrado el número de desahucios de primera vivienda en 2012 en 30.034, es decir, uno  cada 15 minutos. Sin embargo, la principal preocupación para el PP y sus medios de manipulación son los escraches.

El Gobierno ha comunicado su decisión de multar a los participantes identificados en las protestas junto a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría. Un ejemplo de represión arbitraria para escarmentar a la población que lucha por sus derechos, por muy apurada que sea su situación económica por culpa de las políticas neoliberales que han sumido al país en un clima de miseria.

La criminalización de las protestas es una campaña de humo con el único objetivo de desviar la atención de la raíz del problema, la violación de los derechos humanos que supone privar a la gente de su vivienda (derecho recogido en la Constitución). En cambio se discute si es legítimo o no que la ciudadanía defienda su dignidad frente a las casas de los políticos.

Aunque el PP haya movilizado a todo su arsenal mediático contra los escraches, el asunto importante es que mientras Andalucía ha anunciado que expropiará las viviendas de los desahucios, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tumbado la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH para la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, impidiendo que se frene el abuso de la banca que hace que miles de familias estén en la calle.

A pesar de todo el sufrimiento que la legislación hipotecaria española (declarada ilegal por la Unión Europea) ha causado, el PP se sirve de la manipulación y la represión contra los más desfavorecidos y todos los que se solidaricen con ellos, usando a la Policía Nacional como guardaespaldas a su servicio. Todo para favorecer a una banca que ha provocado una situación de emergencia social por su codicia e  irresponsabilidad.

No nos vamos, nos echan

7 abril, 2013

Con el título “No nos vamos, nos echan”, la plataforma Juventud Sin Futuro ha convocado manifestaciones internacionales hoy 7 de abril para protestar contra el exilio forzado al que se ven forzados los jóvenes españoles.

El vídeo que acompaña a la movilización, titulado “Los jóvenes y el PP”, muestra las mentiras de los líderes del PP cuando estaban en la oposición.

Para Juventud Sin Futuro: “el plan juvenil del Gobierno es paro, precariedad o exilio”

Mensaje de la PAH a los votantes del PP

5 abril, 2013

A la caza del juez Castro

5 abril, 2013

El juez José Castro se ha atrevido a imputar a la infanta Cristina, algo que no se puede tolerar en un país en el que la monarquía parece intocable por muy corrupta sea. Por eso, la maquinaria político-mediática conservadora ha iniciado una campaña de desprestigio contra el magistrado.

La Casa Real ha criticado abiertamente la imputación, pisoteando la supuesta independencia de la monarquía respecto a los poderes del Estado.

Los ataques a la independencia judicial vienen también del PP, que ha calificado a Castro como “juez estrella” con el fin de descalificar su actuación, algo comprensible ya que los principales emisores de dinero público a Iñaki Urdangarin fueron la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares (gobernadas por los populares).

Como siempre, para sostener los intereses de la oligarquía poderosa están los medios de comunicación de turno. No hay más que ver las críticas al juez Castro de las portadas de los “prestigiosos” periódicos La Razón y ABC.

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Una vez más ambos diarios son meros títeres de la ejemplar monarquía española (la misma de la que no sabemos todavía si ha regularizado la herencia de Juan de Borbón o continúa en Suiza).

También está la versión más light de defensa de la monarquía, la que intenta salvarla vendiendo al príncipe Felipe como un gran hombre de Estado (ahora va a resultar que escribe sus propios discursos…), vamos que con él la monarquía molaría mucho más. Es el caso de El País y El Mundo.

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Es evidente que, por mucho que la ciudadanía o algunos jueces lo quieran, la justicia no es igual para todos. Un ejemplo de ello es el recurso del fiscal anticorrupción de Baleares a la imputación de la infanta Cristina, a pesar de los 14 indicios que Castro señala en su auto, algo verdaderamente insólito.

La monarquía continúa gozando de privilegios y de poderes injustificables en una sociedad democrática. No se puede permitir que un Gobierno, como el de Mariano Rajoy (supuestamente soberano), tenga que negociar con la Casa Real su inclusión y los términos de la misma en la ley de transparencia.

Es inconcebible para la ciudadanía que haya una institución por encima del resto, es una situación antidemocrática amparada por PP y PSOE durante los últimos 35 años que hace necesario un referéndum para que el pueblo español acabe por fin con la monarquía y  emprenda un proceso constituyente hacia una república social y democrática.