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A la caza del juez Castro

5 abril, 2013

El juez José Castro se ha atrevido a imputar a la infanta Cristina, algo que no se puede tolerar en un país en el que la monarquía parece intocable por muy corrupta sea. Por eso, la maquinaria político-mediática conservadora ha iniciado una campaña de desprestigio contra el magistrado.

La Casa Real ha criticado abiertamente la imputación, pisoteando la supuesta independencia de la monarquía respecto a los poderes del Estado.

Los ataques a la independencia judicial vienen también del PP, que ha calificado a Castro como “juez estrella” con el fin de descalificar su actuación, algo comprensible ya que los principales emisores de dinero público a Iñaki Urdangarin fueron la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares (gobernadas por los populares).

Como siempre, para sostener los intereses de la oligarquía poderosa están los medios de comunicación de turno. No hay más que ver las críticas al juez Castro de las portadas de los “prestigiosos” periódicos La Razón y ABC.

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Una vez más ambos diarios son meros títeres de la ejemplar monarquía española (la misma de la que no sabemos todavía si ha regularizado la herencia de Juan de Borbón o continúa en Suiza).

También está la versión más light de defensa de la monarquía, la que intenta salvarla vendiendo al príncipe Felipe como un gran hombre de Estado (ahora va a resultar que escribe sus propios discursos…), vamos que con él la monarquía molaría mucho más. Es el caso de El País y El Mundo.

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Es evidente que, por mucho que la ciudadanía o algunos jueces lo quieran, la justicia no es igual para todos. Un ejemplo de ello es el recurso del fiscal anticorrupción de Baleares a la imputación de la infanta Cristina, a pesar de los 14 indicios que Castro señala en su auto, algo verdaderamente insólito.

La monarquía continúa gozando de privilegios y de poderes injustificables en una sociedad democrática. No se puede permitir que un Gobierno, como el de Mariano Rajoy (supuestamente soberano), tenga que negociar con la Casa Real su inclusión y los términos de la misma en la ley de transparencia.

Es inconcebible para la ciudadanía que haya una institución por encima del resto, es una situación antidemocrática amparada por PP y PSOE durante los últimos 35 años que hace necesario un referéndum para que el pueblo español acabe por fin con la monarquía y  emprenda un proceso constituyente hacia una república social y democrática.

Unos tanto y otros tan poco…

28 diciembre, 2011

Hoy 28 de diciembre han tenido lugar dos noticias que deberían hacer reflexionar a la sociedad española.

El nuevo Gobierno del Partido Popular ha anunciado que va a congelar el salario mínimo interprofesional, situado en 641,40 euros mensuales. Qué casualidad que durante la campaña electoral se le olvidó a Mariano Rajoy mencionar esta medida. Eso sí, no reparó en críticas al Ejecutivo de Zapatero por tomar medidas similares con las pensiones.

No han tardado ni una semana en sacar la tijera de los recortes contra las rentas más bajas, a pesar de que el salario mínimo español es el segundo más bajo de la zona euro, sólo por detrás del portugués.

Por si esto  fuera poco, también hoy la Casa Real ha publicado en su pagina web el desglose presupuestario de los  8.434.280 euros que recibió en 2011 de los Presupuestos Generales del Estado.

Con mucho orgullo por publicar voluntariamente este desglose por primera vez desde 1979, no por responsabilidad ante los ciudadanos, sino al escándalo de Iñaki Urdangarin, nos muestran el salario de los trabajadores infatigables que forman la Familia Real:

“Su Majestad el Rey percibe del presupuesto global de la Casa 292.752 euros anuales, en concepto de dotación y gastos de representación.

Su Alteza Real el príncipe de Asturias percibe la mitad de dicha cantidad (146.375,50 euros).

Su Majestad la Reina, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, y las Infantas Doña Elena y Doña Cristina no tienen asignación fija. Únicamente se les asignan gastos de representación en proporción y cuantía variable cada año. El conjunto de esta partida, en el 2011, no podrá superar los 375.000 euros.”

Casi nada. Mientras en España hay 4.420.462 parados y miles de personas viviendo en la calle el Rey Juan Carlos cobra 24.396 euros mensuales, ¡813 euros al día!, más que el salario mínimo de un trabajador.  El Príncipe Felipe, pobrecito, se tiene que conformar con la mitad.

Y encima dice el comunicado que las cuentas se elaboran bajo criterios de “austeridad y eficacia”. Esto sí que es moralmente inaceptable para un país.