«Un banquero con sentido de Estado»

«Símbolo de la marca España y un banquero con sentido de Estado». Con estas bellas palabras, nada subjetivas, definía el telediario de TVE a Emilio Botín el día de su muerte, jornada en la que dedicó al ex presidente del banco Santander un publirreportaje de 15 minutos de duración alabando su trayectoria, como no podía ser de otra forma para un español de bien como el que nos ha dejado.

Para eso está la televisión del PP, digo de todos, ¡vaya lapsus más tonto!, para instruirnos sobre quiénes son los compatriotas dignos de admirar, no vaya a ser que vayamos por el mal camino y acabemos siendo unos populistas demagogos pro Venezuela.

En ningún momento se mencionó la fortuna de los Botín en Suiza (parece que la de algunos es más legítima que la de otros), ni el dolor provocado por los desahucios ejecutados por su banco o por la venta de productos tóxicos a clientes sin conocimientos financieros.

No se ofreció crítica alguna a su labor. Eso sí, hubo espacio para los políticos responsables alabando al bondadoso banquero: Mariano Rajoy (el mismo que apoyaba a Bárcenas, Fabra y Matas) diciendo que fue un referente de la marca España o Pedro Sánchez comunicando su tristeza por el fallecimiento de tan importante hito del socialismo.

Que el presidente del Gobierno y la televisión pública, pagada por todos los españoles (también por los desahuciados y estafados por el Santander), muestren a un defraudador fiscal como símbolo de la marca España refleja el enorme poder que tenía el banquero, dejando en evidencia el nivel de unas instituciones que obedecen a intereses de personas no elegidas democráticamente, cuyas prioridades son muy distintas de las del resto de la sociedad. Por desgracia, para el establishment español la corrupción está normalizada, y el modelo a seguir es el de los patriotas con cuentas en Suiza.

Las loas generalizadas en los medios de comunicación y en los partidos políticos demuestran el nivel de sumisión y servilismo que han tenido PPSOE y los mass media ante la banca, permitiendo con total impunidad toda clase de abusos y estafas contra la ciudadanía. Esta actitud no es de extrañar, teniendo en cuenta que muchos de los que han gobernado este país han acabado en el consejo de administración del banco Santander, o la financiación de los medios a través de la publicidad o de la compra de acciones.

Las reacciones a su fallecimiento se deben a que Botín era un importante sostén del bipartidismo y de la Corona, en definitiva del sistema corrupto en el que la casta político-financiera ha operado cual cortijo en contra de los intereses de la mayoría de la población española. Debe ser por esto lo de sentido de Estado…

Ya va siendo hora de dejar atrás los turbios referentes del régimen del 78 y de construir un país diferente, del que todos podamos sentirnos orgullosos.

A Dios rogando…

Hace unas semanas, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostraba convencido de que «Santa Teresa de Jesús intercede por España en estos tiempos recios para nuestra patria». Poco después, los antidisturbios a sus órdenes agredieron a un grupo pacífico de manifestantes en Valladolid, provocando un ictus a una mujer. Por si esto no fuera lo suficientemente grave, todo parece indicar que la Guardia Civil ha empujado a la muerte a un grupo de subsaharianos que se disponían a pasar a Ceuta a nado desde Marruecos al disparar pelotas de goma cuando estaban en el agua, algo que el mismo director general de la Benemérita calificó como inhumano cuando negaba que dicha actuación se hubiera producido. Nadie ha dimitido por estos actos ni por las constantes mentiras que se han utilizado para taparlos.

Estos hechos, que prácticamente pasan desapercibidos para los medios de comunicación que tanto dicen defender el derecho a la vida, forman parte de la política habitual del Ministerio, consistente en la violación sistemática de los derechos humanos. Por desgracia, a Fernández Díaz, su fervor religioso no le impide usar la violencia con total impunidad para reprimir las protestas de la ciudadanía o para desahuciar a la gente. Por no olvidar su defensa de las cuchillas en Melilla. Debe ser que para los pobres o los inmigrantes no hay caridad cristiana, o que su vida no vale tanto como la de los embriones.

Fernández Díaz no es un caso aislado, el Gobierno del PP encarna una especie de neonacionalcatolicismo, con varios ministros muy próximos al Opus Dei que dan la espalda a los más desfavorecidos para proteger a los poderosos. Es la hipocresía de los que presumen de defender los valores del cristianismo pero son totalmente insensibles a la pobreza y al sufrimiento ajeno. Se trata de un grupo de millonarios que usan la religión para tratar de legitimarse y mantener su posición de privilegio, para lo cual no dudan en imponer la moral fundamentalista que promueve la jerarquía de la Conferencia Episcopal (igual de alejada de los problemas de la gente) al resto de la sociedad. La reforma de la ley del aborto es el mejor ejemplo de ello.

Aunque la derecha, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación de la Iglesia, se intenta apropiar del voto cristiano, hay muchos miembros del clero, por desgracia los menos poderosos, que están del lado de la gente común y denuncian los crímenes que produce el sistema económico que sufrimos, así como muchos cristianos de base que desprecian las políticas antisociales del PP. Incluso el Papa Francisco ha denunciado públicamente los excesos del neoliberalismo que aplica el Ejecutivo de Rajoy: “Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata”.

A pesar de ello, los mismos que defienden el capitalismo salvaje y violan los derechos fundamentales de la ciudadanía mientras cobran unos sueldos, en blanco o en negro, muy por encima de la media de los españoles, son los que presumen de defender la moral católica. No parece que recortar en sanidad y educación, gastar millones de euros en armamento, bajar los impuestos a las grandes fortunas, subir el transporte público y las tasas universitarias o multar a los mendigos por buscar comida en la basura sean medidas muy cristianas.

Desde luego, pocas cosas hay más indignantes que escuchar a un político encomendarse a lo sobrenatural para resolver los problemas de los ciudadanos. Además de Fernández Díaz con Santa Teresa, otro ejemplo lo vivimos con Fátima Báñez, que confió a la virgen del Rocío la salida de la crisis. Como si el empleo fuera a caer del cielo por inspiración divina. Con gobernantes así, en España parece que no queda otra que esperar un milagro para que mejore la vida de la gente, al menos en lo que queda de legislatura.

Capitalismo de amiguetes

Los escándalos de corrupción en torno a la oligarquía española se amontonan. El registro a la sede del PP, la imputación de la infanta o las obras de Sacyr en Panamá forman parte de la imagen que transmite el país al exterior. Como si de un teatrillo se tratara, las noticias y filtraciones dejan ver lo que se mueve detrás del telón, lo que los actores esconden debajo del papel que representan frente al gran público. La hipocresía de los defensores del neoliberalismo que hacen su fortuna a base de repartirse los recursos del Estado va quedando al descubierto. Es el capitalismo de amiguetes que han organizado el que ha regido el funcionamiento de la economía en España desde hace años, el que ha sumido a este país en un pozo de corrupción y pobreza.

La enorme colección de mensajes y correos en torno al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, es una muestra de cómo han funcionado las relaciones de poder en las últimas décadas. En ellos quedan retratados, entre otros, personajes como Esperanza Aguirre o José María Aznar, grandes defensores de la competencia, el libre mercado y la meritocracia, pero solo de cara al público. En las conversaciones del ex banquero, compañero de pupitre de Aznar y puesto a dedo por éste, se ve como los que se llenan la boca hablando de mamandurrias colocaban a sus conocidos en la caja e influían en el destino de los millones de euros que se destinabas a prácticas nada rentables, como la compra de arte o la financiación del Real Madrid.

Una parte fundamental en la trama de los amiguetes que controlan los recursos económicos de España son los grandes empresarios, como Arturo Fernández o Díaz Ferrán, enriquecidos gracias a contratos con las administraciones públicas y créditos sospechosos al mismo tiempo que defienden la austeridad y los sacrificios para el resto de la población. Buena muestra de ello es el catálogo de empresas, sobre todo constructoras, que aparecen como donantes del PP en los papeles de Bárcenas, cuyas prácticas sistemáticas de añadir sobrecostes a las obras ya conocen en Panamá gracias a Sacyr.

Como los ya citados hay muchísimos casos más que demuestran la falta de nuestra oligarquía: la venta de viviendas sociales a fondos buitre, la amplia gama de familiares del PP y miembros de Nuevas Generaciones como Carromero colocados a dedo como asesores, el caso Nóos, la misteriosa fortuna del rey…

Los Blesa, Gallardón, Aguirre, Aznar, Borbón, Botín, Ignacio González, Díaz Ferrán, Fabra, Matas, Blasco, Camps, Urdangarin…,con la cooptación de algunos socialistas y sindicalistas que merecen el mismo desprecio, son la camarilla corrupta que ha dirigido este país repartiéndose el pastel de lo público a través de comisiones, privatizaciones y adjudicaciones a dedo, a costa de empobrecer al resto de la población. Un entramado de políticos, banqueros y grandes empresarios que viven la dolce vita a base de favores y enchufes, alejados de los problemas del resto de la gente.

Es la oligarquía que nos dice, a través de sus medios de comunicación, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que tenemos que pagar por nuestros pecados. Los que hablan de austeridad cuando se trata de cubrir los derechos fundamentales como sanidad, educación, pero que no dudan en usar los fondos públicos para aumentar el gasto militar o de represión policial.

Noticias como el caso Bárcenas o el caso Blesa son de magnitud y gravedad suficientes como para hundir a cualquier gobierno democrático. Que los mismos que han cometido estas tropelías sigan detentando el poder y encabezando las encuestas refleja que algo no va bien en la sociedad española. Da la sensación de que una parte de la ciudadanía se ha acostumbrado a la corrupción que inunda el sistema.

Marca España 2013

El año 2013 ha sido nefasto para la mayoría de los españoles. Si entendemos como Marca España la imagen que ofrece el país al exterior, durante este periodo, por desgracia, nuestras señas de identidad han sido temas como la pobreza, la corrupción y la represión.

Corrupción

El caso Bárcenas ha destapado la trama de corrupción en la que ha estado inmerso el Partido Popular durante los últimos años. Todo parece indicar que la financiación irregular y el reparto de dinero negro han funcionado de manera sistemática en Génova 13 y en algunas sedes provinciales del PP, a pesar de que quieran vendernos que todo ha sido obra de una manzana podrida que actuaba en solitario.

Los SMS entre Rajoy y Bárcenas, en los que el presidente mostraba su apoyo al ex tesorero una vez que se sabía que éste tenía dinero en Suiza, son un ejemplo de la complicidad del PP con la corrupción. Que este escándalo no haya provocado la caída del Gobierno demuestra la falta de calidad de nuestra democracia.

Además del famoso «Luis, sé fuerte» de Rajoy, se podrían hablar de muchos más casos en los que la justicia se ha puesto, de forma más que sospechosa, del lado de los presuntos corruptos (infanta Cristina, Blesa, el ático de Ignacio González…).

Represión

El Gobierno ha optado por la violencia para asustar a la ciudadanía e imponer sus políticas. Esta actitud abarca desde la modificación de la legislación para impedir el ejercicio del derecho a manifestación mediante multas desorbitadas, hasta la represión policial contra los que protesten en la calle.

El último ejemplo lo vivimos en las concentraciones contra la ley del aborto, donde los policías agredieron a las mujeres que se reunieron para manifestar su rechazo a la misma.

Pobreza

España tiene a un 20,7% de la población por debajo del umbral de la pobreza y es el país de la Unión Europea con mayor índice de desigualdad. Mientras el número de millonarios crece, sube el precio de servicios esenciales como la luz, el transporte público o los medicamentos.

Una muestra de la situación actual del país es el éxito del documental No Job Land, que refleja la situación de precariedad en la que viven muchas familias españolas.

Futuro

Dada la insensibilidad que muestra el Gobierno ante los problemas y el sufrimiento que sus políticas causan en la gente, parece difícil mirar con optimismo al 2014. El devenir de España dependerá mucho de la presión social que la ciudadanía muestre en la calle, así como del resultado de las elecciones europeas, algo ciertamente imprevisible en estos momentos. Como diría Josep Fontana, el futuro es un país extraño.

Rubalcaba defiende la puerta giratoria

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudió ayer a un programa de televisión en el que Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política, le recriminó la presencia de miembros de gobiernos socialistas en los consejos de administración de las empresas eléctricas. Rubalcaba no dudo en defender la puerta giratoria:

«Yo no creo que sea incompatible militar en el Partido Socialista y estar en un alto puesto en un consejo de administración[…]La gente deja la política, pasan dos años de incompatibilidad y a partir de ahí se colocan donde pueden.»

Además, Rubalcaba se mostró en contra de la nacionalización del sector eléctrico:

«No creo que la solución de la luz sea nacionalizar las empresas eléctricas, son soluciones de otros países, de otro modelo, no estoy de acuerdo con ese modelo, se trata de aplicar la competencia, creo firmemente que tiene que haber competencia en el sector eléctrico.»

«Creo que es mejor que haya un sector eléctrico privado, que haya reglas que garanticen la competencia y por lo tanto que beneficien a los ciudadanos[…]La competencia garantiza que los ciudadanos tienen mejores servicios y la máxima transparencia, eso también es ser socialista.»

Estas frases perfectamente podrían haberlas pronunciado personas como Esperanza Aguirre o José María Aznar, quien liberalizó el sector de la energía en España en 1997. Efectivamente, aunque Rubalcaba parece no acordarse, cuando  formaba parte del Gobierno de Felipe González, el Estado español controlaba el sector eléctrico.

El argumento defendido por Rubalcaba, de que la competencia garantiza que los ciudadanos tienen mejores servicios, es el mismo razonamiento que aplica el PP para defender las privatizaciones de servicios básicos como la sanidad.

Las palabras de Rubalcaba reflejan la conversión ideológica que llevó a buena parte de la socialdemocracia europea, a aceptar, a través de la tercera vía, el dogma neoliberal que ha dominado la política económica durante las últimas décadas. Algo que ha hecho que, a día de hoy, sea muy difícil distinguir la política económica del PP y del PSOE.

Pese a que la desregulación de los mercados financieros tiene mucho que ver con la crisis actual, el PSOE no ha cambiado de postura. Sigue sobre la senda que llevó a Zapatero a someterse a los mercados y al partido a perder la confianza de la mayor parte del electorado de izquierdas.  De ahí la falta de ilusión y las pobres estimaciones electorales que, a pesar del desastroso Gobierno de Rajoy, continúa cosechando la actual dirección del Partido Socialista Obrero Español.

La violencia como forma de gobierno

El Gobierno ha decidido comprar un camión con cañón de agua para «garantizar la seguridad ciudadana» por el módico precio de 493.680 euros. «El tipo de vehículo ideal para acometer el control de masas», según el Ministerio de Interior. Un gasto totalmente superfluo que se produce cuando salen a la luz noticias de personas que ponen su vida en peligro por comer comida de los contenedores.

Medidas como ésta o la ley mordaza del ministro Fernández Díaz, que lo único que persigue es criminalizar la protesta y proteger a la oligarquía dominante, forman parte de la estrategia del PP para amedrentar a las voces discordantes de la ciudadanía. Desde su llegada al poder, el Gobierno ha establecido de forma sistemática el endurecimiento de las penas y la imposición de multas desorbitadas contra todo el que se atreva a levantar la voz.

Estamos ante una muestra de lo que es terrorismo de Estado, gobernar a base de violencia y miedo. Intentan engañar a la gente distorsionando el lenguaje, lo llaman seguridad ciudadana cuando en realidad significa proteger sus propios intereses a costa de los del resto de ciudadanos, incluso poniendo en riesgo la integridad física de la población.

Al mismo tiempo que se malgasta el dinero en aparatos de represión, Mariano Rajoy tiene la desfachatez de viajar (a costa del erario público) al funeral de Nelson Mandela, cuando persigue y castiga a los que, como hizo el ex presidente sudafricano, denuncian un sistema que excluye a parte de la población (el porcentaje de españoles por debajo del umbral de la pobreza es del 20,7%) de sus derechos más elementales como ciudadanos.

Tal y como reconoce Interior, el control de las masas es el objetivo que busca la derecha para realizar sus políticas regresivas mientras mantiene a la población en un estado constante de alienación, ya sea mediante la constante manipulación informativa de periodistas serviles, mediante edulcorantes como el fútbol, la religión o la telebasura o, por si no basta con lo anterior, mediante el miedo a la represión física o económica.

Por eso, no es de extrañar que, mientras nos dicen que no hay dinero para cubrir las necesidades básicas de la población, el Estado dedique ingentes cantidades de dinero a instrumentos represivos, a medios de comunicación afines, a la Iglesia o a eventos deportivos. De ahí la advertencia de la Comisión Europea por las ayudas ilegales a los equipos de fútbol españoles, que reciben fondos públicos para hacer fichajes multimillonarios mientras mantienen deudas con Hacienda que nadie les reclama.

Todo mientras el Ejecutivo permite continuas subidas del recibo de la luz por parte de empresas eléctricas con millones de euros de beneficios, las mismas que contratan, a saber a cambio de qué favores, a ex presidentes y ex ministros, como José María Aznar, Felipe González o Elena Salgado.

Es intolerable el abuso de la violencia por parte del Gobierno del PP, un Ejecutivo que ha llegado al poder mediante estafa electoral e intenta suplir su falta de legitimidad mediante la represión continua de la ciudadanía, sirviéndose de los fondos públicos para ello.

La nostalgia franquista del PP

Últimamente se han hecho públicos numerosos casos de simpatía de miembros del Partido Popular hacia el franquismo. Entre ellos encontramos a alcaldes que presumen de tener el retrato de Franco en su despacho y el Cara al Sol de tono de móvil o a  los energúmenos de Nuevas Generaciones que han posado con el brazo en alto y simbología fascista. Que se sepa, hasta el momento el PP no ha expulsado a ninguna de estas personas.

Al contrario de lo que muchos quieren transmitir no son hechos aislados. Es un secreto a voces que la ideología franquista está en las entrañas del PP. Sólo hay que irse a la hemeroteca para recordar que Alianza Popular fue fundada al grito de ¡Franco, Franco, Franco! por siete ilustres miembros del régimen, el más destacado Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo con Franco.  Entre las filas de AP también estaba Carlos Arias Navarro, el hombre que comunicó entre lágrimas  la muerte del dictador por televisión.

Gran parte de la culpa de estos sucesos la tiene la transición. Al contrario de los falsos mitos que se han difundido sobre la misma, no fue el resultado de un consenso entre todos los españoles, sino un proceso dominado por las élites del franquismo que controlaban todos los aparatos del Estado, sin la participación de una sociedad civil acostumbrada a ser mera espectadora del devenir institucional del país.

Estas élites, con el rey a la cabeza,  jamás asumieron sus responsabilidades por su complicidad con la dictadura. Para ello contaron con la ayuda de una campaña propagandística sin igual por parte de unos medios sumisos. De hecho, Juan Carlos de Borbón ni ha pedido perdón por colaborar con el franquismo ni ha condenado al régimen hasta la fecha.

A pesar de que España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, la derecha española se ha dedicado a justificar el golpe de Estado de 1936 y a difundir una visión negacionista de los crímenes del franquismo, incluso algunos de los actuales dirigentes del PP, como el europarlamentario Jaime Mayor Oreja, se atreven a halagarlo públicamente.

Entre las consecuencias de la no tan modélica transición, además de la prolongación del dominio económico e institucional de  las clases privilegiadas del franquismo, están el olvido y la banalización del régimen criminal por parte de muchos de los jóvenes que nacieron tras la muerte de Franco.

Casi 40 años después sigue habiendo admiradores del fascismo en España capaces de levantar el brazo con orgullo, y lo hacen con total impunidad desde el partido que gobierna el país por la permisividad de sus dirigentes. Mientras tanto, el Gobierno del PP hace oídos sordos a las críticas de la ONU y se dedica a entorpecer las investigaciones judiciales para proteger a los torturadores del franquismo.

Un partido que muestra aquiescencia hacia un régimen fascista no debería obtener apenas votos en un país democrático. Que lo haga demuestra que algo no va bien en nuestra sociedad.

Es importante conocer la historia para que no se repita. Hace falta una condena firme tanto institucional como social del franquismo, una concienciación por parte de la población de las consecuencias de una dictadura que acabó con una de las democracias más avanzadas de su tiempo y produjo uno de los periodos más negros de la historia de España, que mucho tiene que ver con el actual déficit democrático y de bienestar social que vivimos.

Aquel 1 de octubre…

Hoy se cumplen 38 años de la última manifestación en apoyo a Francisco Franco antes de la muerte del dictador.  La convocatoria tuvo lugar el 1 de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente como respuesta a las críticas internacionales por las últimas ejecuciones del régimen franquista.

En el balcón, acompañaron a Franco el rey Juan Carlos y la reina Sofía. El actual jefe de Estado mostraba así su apoyo al dictador asesino y a su régimen fascista mientras los asistentes cantaban el Cara al sol con el brazo en alto.

Imágenes como éstas ponen en evidencia al monarca y destruyen  la falsa imagen de demócrata que han creado los grandes medios de comunicación durante todos estos años.

Por mucho que a los cortesanos del siglo XXI les pese, los hechos son irrefutables. Juan Carlos de Borbón fue cómplice de una dictadura que asesinó y torturó a millones de españoles. La realidad es la que es, por muchas campañas propagandísticas que se inventen sus lacayos para mejorar la imagen de la monarquía.

«Jaque al rey»

Hoy se celebra una gran manifestación en Madrid denominada «Jaque al rey». La marcha, organizada por la Coordinadora 25S, finalizará con una concentración frente al Palacio Real.

En su manifiesto, los organizadores exigen «la abolición de la monarquía, una institución arcaica, clasista y antidemocrática; una institución impuesta por deseo expreso del dictador Francisco Franco».

Como es costumbre, el Estado ha puesto en marcha sus acciones represivas contra la libertad expresión. El Gobierno ha invitado a irse a seis observadores de la OSCE que pretendían  evaluar el derecho de reunión y manifestación en nuestro país con motivo del «Jaque al rey».

Además, la policía ya ha desplazado a unos 1.400 antidisturbios para cubrir la jornada y ha registrado varios autobuses de participantes.Todo para proteger a una institución  corrupta que sólo representa a las clases privilegiadas de este país.

Por mucho que le pese al establishment de este país, la ciudadanía ya no soporta privilegios de ningún tipo. La monarquía es antidemocrática e ilegítima por definición, y como tal tiene que acabar para dar paso a una república democrática que devuelva el poder a los ciudadanos.

¿Quién gana con Madrid 2020?

Una ola de propaganda favorable a que se celebren los Juegos Olímpicos del 2020 en Madrid inunda los medios de comunicación. La idea de que tendrá  efectos positivos en la economía española se repite una y otra vez sin aportar datos que lo demuestren. En cambio, las opiniones contrarias, pese a existir, brillan por su ausencia.

El caso es que son las mismas élites de poder  que han sumido a España en una de las peores crisis que se recuerdan gracias al modelo productivo basado en la burbuja inmobiliaria las que nos quieren convencer de que organizar unos juegos es rentable.

Poco parece importar que la capital de España tenga una deuda de 8.231 millones de euros, o que la Comunidad de Madrid gaste millones en promocionar la candidatura al mismo tiempo que recorta en educación y sanidad.

La experiencia demuestra que  otras ciudades como Atenas o Pekin gastaron en sus Olimpiadas mucho más de lo presupuestado inicialmente. De hecho, los Juegos supusieron para la capital griega pérdidas millonarias.

Todo parece indicar que la aventura de Madrid 2020 puede suponer un derroche más de dinero público (ya lo está siendo la promoción de la candidatura) perpetrado por una clase política más preocupada en incrementar su prestigio que el bienestar de sus ciudadanos.

Despilfarro

Los mismos políticos que se llenan la boca pidiendo sacrificios a la población no dudan en malgastar los recursos de todos en promocionar la candidatura de Madrid 2020. Así, entre otros gastos, se han pagado 20.800 euros para la traducción del dossier de la misma, o 42.895,20 euros por la confección y suministro del uniforme de los miembros de la candidatura en Buenos Aires.

¿A quién benefician los juegos?

Las grandes constructoras se frotan las manos ante la posibilidad de saquear las arcas públicas con las adjudicaciones que Madrid 2020 puede generar. No hay más que ir a la página oficial de la candidatura para ver los patrocinadores de la misma. Entre ellos, empresas tan prestigiosas como OHL, Sacyr o FCC. Todas ellas figuran como donantes del Partido Popular en los papeles de Bárcenas. ¿Casualidad?